Presupuesto General del Estado de Bolivia: gestión 2023

Presupuesto General del Estado de Bolivia: gestión 2023

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la herramienta principal mediante la cual el Gobierno boliviano planifica, autoriza y controla el uso de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal. En la gestión 2023, la Ley del Presupuesto General del Estado incorpora una serie de disposiciones que buscan mayor transparencia, eficiencia y alineación con los objetivos de desarrollo nacional. A continuación, se desglosan los conceptos clave que aparecen en el examen y se profundiza en su significado y aplicación práctica.

1. Objeto principal de la Ley del Presupuesto General del Estado 2023

El objetivo central de la normativa es aprobar el presupuesto público y establecer disposiciones para administrar las finanzas públicas. Esto implica:

• Definir los ingresos esperados y los gastos autorizados para cada entidad del sector público.
• Establecer los principios de disciplina fiscal, como el equilibrio entre ingresos y egresos.
• Regular la forma en que se ejecutan los recursos, garantizando que se destinen a los fines previstos por la ley.

Es importante destacar que la ley no se limita a autorizar deuda externa ni a regular exclusivamente los ingresos municipales; su alcance es integral y abarca a todos los niveles de gobierno.

2. Periodo de vigencia del PGE 2023

El presupuesto tiene una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Esta coincidencia con el año calendario facilita la planificación y el seguimiento de los indicadores macroeconómicos, ya que los datos de ingresos y gastos se alinean con los informes anuales del Banco Central y del Ministerio de Finanzas.

Algunas implicaciones de este periodo son:

• Los proyectos de inversión deben iniciarse y concluir dentro del mismo año, o bien, contar con una extensión aprobada mediante una reforma presupuestaria.
• Los ajustes de ejecución (reprogramaciones, transferencias interinstitucionales) deben registrarse antes del 31 de diciembre para evitar desviaciones que requieran auditorías posteriores.

3. Responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva

En cada entidad pública, la Máxima Autoridad Ejecutiva (por ejemplo, el ministro, el gobernador o el alcalde) es quien responde por el uso y la administración de los recursos públicos. Esta responsabilidad incluye:

• Rendir cuentas ante la Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
• Garantizar que los gastos se ajusten a los lineamientos del PGE y a la normativa vigente.
• Implementar mecanismos de control interno que detecten y prevengan irregularidades.

Otros organismos, como la Asamblea Legislativa o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, cumplen funciones de control y supervisión, pero no asumen la responsabilidad directa de la gestión financiera de cada entidad.

4. Fondo de Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (FONDECyT)

El FONDECyT es un instrumento creado para fortalecer la investigación, la tecnología y la innovación en las universidades públicas autónomas. Su finalidad es:

• Apoyar proyectos que vinculen la academia con sectores estratégicos y productivos del país, como la agroindustria, la energía renovable y la biotecnología.
• Fomentar la transferencia de conocimientos y la generación de patentes que contribuyan al desarrollo económico.
• Promover la capacitación de recursos humanos altamente calificados.

El fondo no está destinado a cubrir gastos operativos rutinarios ni a financiar obras de infraestructura no relacionadas con la investigación.

5. Límite máximo para operaciones de deuda pública en mercados externos

La ley establece un tope de USD 2.000 millones para la contratación de deuda pública en mercados de capital externos. Este límite tiene varios propósitos:

• Controlar el nivel de endeudamiento externo y proteger la sostenibilidad de la deuda pública.
• Mantener la confianza de los inversionistas internacionales, asegurando que Bolivia no asuma compromisos financieros excesivos.
• Facilitar la planificación del Tesoro General de la Nación (TGN) al conocer de antemano el máximo disponible para financiar proyectos de gran escala.

Es importante entender que la autorización de este monto no garantiza su ejecución; depende de factores externos que analizaremos a continuación.

6. Condiciones para concretar la operación de deuda externa

La realización de una operación de deuda en mercados externos está supeditada a dos factores críticos:

• Situación de los mercados externos: condiciones de liquidez, tasas de interés y percepción de riesgo país influyen directamente en la viabilidad de la emisión.
• Necesidades de financiamiento del TGN: el Tesoro debe identificar proyectos que justifiquen la contratación de deuda, considerando la capacidad de repago y el impacto económico esperado.

Por lo tanto, aunque la ley autorice un monto máximo, la decisión final recae en la evaluación de estos factores y en la estrategia financiera del gobierno.

7. Incorporación de recursos adicionales de contraparte para proyectos territoriales

Para que las entidades territoriales autónomas (departamentos, municipios) puedan incluir recursos de contraparte en sus proyectos de inversión, se requiere una evaluación previa del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Esta evaluación verifica:

• La alineación del proyecto con los planes de desarrollo nacional y regional.
• La viabilidad técnica y financiera, asegurando que la contraparte sea sostenible.
• El cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Una vez aprobada la evaluación, la entidad territorial puede recibir fondos complementarios, lo que amplía su capacidad de ejecución sin comprometer la disciplina fiscal.

8. Requisitos para créditos a proyectos de construcción inmobiliaria

Las entidades financieras solo pueden otorgar créditos garantizados a proyectos de construcción inmobiliaria cuando cuentan con una autorización expresa de la jurisdicción territorial donde se ubica el proyecto. Este requisito asegura que:

• El proyecto cumple con la normativa local de uso del suelo y planificación urbana.
• Existe un respaldo institucional que facilita la ejecución y el cumplimiento de los plazos.
• Se minimizan riesgos de litigios o conflictos de competencia entre diferentes niveles de gobierno.

Sin esta autorización, los bancos no pueden garantizar el préstamo, lo que protege tanto al sector financiero como al erario público.

Conclusión y recomendaciones para el estudio

El Presupuesto General del Estado de Bolivia para la gestión 2023 constituye un marco normativo integral que regula la planificación, ejecución y control de los recursos públicos. Los puntos más relevantes que deben dominar los estudiantes son:

• El objetivo de la ley: aprobar el presupuesto y establecer disposiciones de gestión financiera.
• El periodo de vigencia: calendario anual (1‑enero a 31‑diciembre).
• La responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva en cada entidad.
• La finalidad del FONDECyT: impulsar investigación vinculada a áreas estratégicas.
• El límite de USD 2.000 millones para deuda externa y los factores que condicionan su ejecución.
• La necesidad de una evaluación del Ministerio de Planificación para recursos de contraparte.
• La obligatoriedad de la autorización territorial para créditos inmobiliarios.

Dominar estos conceptos no solo permite responder correctamente al cuestionario, sino también comprender cómo se articula la política fiscal boliviana con los objetivos de desarrollo sostenible y la gestión responsable de la deuda pública.