Marco regulador de la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid

Marco regulador de la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid

El Decreto 32/2019 constituye la normativa principal que regula la convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es garantizar un entorno seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje, definiendo derechos y deberes tanto de alumnos como del personal docente y administrativo.

Objetivo principal del Decreto 32/2019

El decreto no se limita a aspectos disciplinarios del profesorado ni a la creación de un nuevo currículo. Su finalidad esencial es regular la convivencia escolar y establecer los derechos y deberes de la comunidad educativa. Esto implica:

• Fomentar el respeto mutuo entre todos los miembros del centro.
• Prevenir situaciones de acoso, violencia y discriminación.
• Definir procedimientos claros para la intervención y corrección de conductas.

Clasificación de faltas y medidas correctoras

El decreto distingue entre faltas leves, graves y muy graves, asignando a cada categoría medidas correctoras proporcionales.

Falta leve

Según el artículo 33, la medida correctora aplicable a una falta leve es la amonestación verbal o por escrito. Esta sanción busca concienciar al alumno sin afectar significativamente su trayectoria académica.

Falta grave

Para conductas catalogadas como graves, el decreto contempla sanciones más restrictivas, como la suspensión temporal del alumno del centro, la prohibición de participar en actividades extraescolares o la imposición de trabajos correctivos.

Falta muy grave

En casos de falta muy grave, el artículo prevé la expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. Esta medida se reserva para conductas que ponen en riesgo la seguridad o el bienestar de la comunidad educativa.

Criterios para la aplicación de medidas correctoras

El artículo 38 establece que, al decidir una medida correctora, se debe priorizar preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. Este principio guía la intervención de forma que se protejan los derechos fundamentales y se evite cualquier daño colateral.

Actos fuera del recinto escolar

El artículo 31 amplía la competencia del centro para corregir conductas que ocurran fuera del edificio, siempre que estén motivados o directamente relacionados con la vida escolar y afecten a los derechos de la comunidad educativa. Ejemplos incluyen:

• Incidentes de acoso que se produzcan en redes sociales vinculadas al entorno escolar.
• Conductas violentas durante actividades extraescolares organizadas por el centro.
• Actos que, aunque se den fuera del horario lectivo, repercutan en la convivencia dentro del centro.

Procedimiento de intervención

El proceso de aplicación de medidas correctoras sigue una serie de pasos estructurados:

• Detección: Identificación de la conducta mediante la observación del personal docente o la denuncia de la comunidad.
• Valoración: Análisis de la gravedad de la falta según los criterios del decreto.
• Comunicación: Notificación al alumno y a sus representantes legales, garantizando el derecho a ser escuchado.
• Aplicación: Imposición de la medida correctora correspondiente, respetando siempre el principio de proporcionalidad.
• Seguimiento: Evaluación de la efectividad de la medida y, si es necesario, ajuste o escalamiento de la sanción.

Derechos y deberes de la comunidad educativa

El decreto reconoce que la convivencia escolar es responsabilidad compartida. Entre los derechos destacan:

• Derecho a recibir una educación en un entorno libre de violencia.
• Derecho a ser escuchado y a participar en la elaboración del plan de convivencia.

Y entre los deberes se incluyen:

• Respetar las normas de convivencia establecidas.
• Colaborar con el personal docente en la prevención de conflictos.
• Informar de conductas que puedan afectar negativamente al clima escolar.

Conclusión

El Decreto 32/2019 ofrece un marco integral para la gestión de la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid. Al comprender sus objetivos, la clasificación de faltas y los criterios de intervención, docentes, alumnos y familias pueden contribuir a crear un ambiente educativo seguro y respetuoso.