Introducción a la Ley 39/2015 y Ley 40/2015
Las Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público son los pilares normativos que regulan el funcionamiento de la Administración española. Ambas leyes se complementan, pero cada una tiene un ámbito de regulación distinto y unos principios propios que todo estudiante de Derecho Administrativo debe dominar.
Diferencia esencial entre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015
Ámbito de aplicación
La Ley 39/2015 se centra en las relaciones ad extra de la Administración, es decir, en los procedimientos que se inician a petición de los ciudadanos o de otras administraciones. Por su parte, la Ley 40/2015 regula las relaciones ad intra, es decir, la organización interna, la estructura y el funcionamiento del sector público.
- Ley 39/2015: Procedimientos administrativos, notificaciones, recursos y plazos.
- Ley 40/2015: Principios de organización, competencias, régimen jurídico del sector público institucional y empresarial.
En resumen, la Ley 39/2015 regula cómo se hacen los actos administrativos, mientras que la Ley 40/2015 establece qué entidades forman el sector público y bajo qué principios operan.
Silencio administrativo en procedimientos a solicitud del interesado
Cuando un procedimiento se inicia a petición del interesado y la normativa no dispone lo contrario, el silencio administrativo se considera estimatorio. Esto significa que la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo legal equivale a una resolución favorable que produce los mismos efectos que un acto administrativo definitivo.
- El interesado puede considerar que su solicitud ha sido aceptada.
- Se genera la obligación de cumplir con los efectos del acto estimatorio.
- El interesado aún puede interponer recursos contra la resolución estimatoria si existiera causa de impugnación.
Este mecanismo protege al ciudadano frente a la inactividad administrativa y garantiza la seguridad jurídica.
Cálculo de plazos según la Ley 39/2015
Ejemplo práctico: plazo de un mes otorgado el 31 de marzo
La Ley 39/2015 establece que, cuando el último día del plazo cae en un día inhábil, el vencimiento se traslada al día hábil siguiente. Además, si el día del mes de vencimiento no existe (por ejemplo, 31 de abril), el plazo se extingue el último día del mes correspondiente.
Aplicando la regla al caso concreto:
- Plazo concedido: 31 de marzo.
- Duración: un mes.
- Vencimiento: 30 de abril, ya que abril tiene 30 días y el último día del mes es hábil.
Este criterio evita confusiones y asegura que los plazos sean previsibles.
Principios del artículo 3 de la Ley 40/2015
El artículo 3 enumera los principios rectores del sector público institucional. Los principios expresamente recogidos son:
- Eficacia: La Administración debe lograr los resultados previstos con el menor coste posible.
- Jerarquía: Existe una estructura de autoridad que garantiza la coordinación y el control.
- Desconcentración: Se delegan competencias a órganos internos para agilizar la gestión.
El principio de buena fe no está incluido en este artículo; aunque la buena fe es un principio general del Derecho, la Ley 40/2015 lo menciona en otros preceptos, pero no en el artículo 3.
Identificación electrónica del interesado
Para presentar una solicitud electrónica, la Ley 39/2015 permite el uso de cualquier medio de identificación previsto en la normativa. Entre los medios aceptados se encuentran:
- Certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o por cualquier entidad certificadora reconocida.
- Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.
- Identificación mediante DNI electrónico.
- Otros sistemas de autenticación que la Administración haya habilitado.
Por tanto, no es necesario limitarse al certificado digital de la FNMT; la normativa es flexible para adaptarse a la evolución tecnológica.
Fase de instrucción y plazo de prueba
Durante la fase de instrucción del procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 establece que el plazo máximo para la fase de prueba puede variar entre 10 y 30 días, según la complejidad del caso y la necesidad de recabar pruebas.
- Plazo mínimo: 10 días.
- Plazo máximo: 30 días, salvo que la normativa específica autorice una ampliación justificada.
Esta flexibilidad permite a la Administración adaptar el proceso a la realidad de cada asunto, garantizando al mismo tiempo la tutela del derecho de defensa.
Nulidad absoluta por falta total de procedimiento
Cuando un acto administrativo adolece de falta total de procedimiento, la consecuencia jurídica es la nulidad absoluta. Esto implica que el acto se declara nulo de pleno derecho y no produce ningún efecto jurídico. No existe una fase provisional ni posibilidad de subsistir hasta que se declare la nulidad; el acto se considera inexistente desde su origen.
Ejemplo ilustrativo: si una autoridad emite una resolución sin haber notificado al interesado ni haber cumplido con el plazo de audiencia, la resolución es nula y debe ser anulada de inmediato.
Sector público institucional y entidad excluida
El sector público institucional incluye a todas las administraciones y organismos que ejercen potestades públicas, como:
- Administración General del Estado.
- Comunidades Autónomas y sus organismos.
- Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones).
- Agencias estatales y organismos públicos dependientes.
Una empresa privada que presta servicios a la Administración sin ejercer potestades administrativas no forma parte del sector público institucional. Estas entidades se consideran parte del sector público empresarial o del ámbito privado, aunque colaboren estrechamente con la Administración.
Conclusión y recursos de estudio
Dominar los conceptos clave de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 es esencial para cualquier estudiante o profesional del Derecho Administrativo. A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones para reforzar el aprendizaje:
- Elabora fichas de estudio con los principios y plazos más relevantes.
- Realiza casos prácticos de cálculo de plazos y de aplicación del silencio administrativo.
- Consulta la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre nulidad absoluta y buena fe.
- Participa en foros y grupos de estudio donde se discutan ejemplos de identificación electrónica y de organización del sector público.
Con una práctica constante y una comprensión profunda de los artículos citados, estarás preparado para afrontar exámenes, concursos y la práctica profesional con seguridad jurídica.
