Contratación Pública según Ley 9/2017

Contratación Pública según la Ley 9/2017: conceptos clave

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCS) regula todo el proceso de contratación administrativa en España. En este curso analizaremos los aspectos más relevantes que aparecen en los exámenes de derecho administrativo, centrándonos en los artículos 119, 120 y 116, así como en los criterios de adjudicación y en la publicación de los anuncios de licitación. Cada sección responde a una pregunta típica de los cuestionarios y profundiza en la normativa, ofreciendo ejemplos prácticos y explicaciones que facilitan la comprensión y la memorización.

1. Declaración de urgencia y sus efectos (artículo 119)

Cuando el órgano de contratación declara un expediente como urgente, la Ley establece una serie de modificaciones temporales en los plazos. La respuesta correcta a la pregunta "¿Cuál es la consecuencia de declarar un expediente como urgente?" es que los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad. Esto significa que:

• El plazo para presentar ofertas pasa de, por ejemplo, 20 a 10 días.
• El tiempo para adjudicar y formalizar el contrato también se acorta, lo que permite una ejecución más rápida del proyecto.

Esta medida busca garantizar la agilidad en la contratación cuando existen razones justificadas de urgencia, como emergencias sanitarias o desastres naturales. Sin embargo, la reducción de plazos no exime al órgano de contratación de cumplir con los principios de transparencia y igualdad.

2. Tramitación de emergencia (artículo 120): requisitos que pueden omitirse

En situaciones de emergencia, la Ley permite la simplificación de ciertos requisitos formales para acelerar la contratación. La respuesta correcta es que puede omitirse la existencia de crédito previo para financiar el contrato. En la práctica:

• Se prescinde del requisito de disponer de la financiación garantizada antes de iniciar el proceso.
• Esta flexibilidad es esencial cuando la rapidez es crucial, como en la adquisición de equipos médicos durante una crisis sanitaria.

Aunque se elimina este requisito, el órgano de contratación sigue obligado a justificar la urgencia y a garantizar que la contratación sea proporcional y necesaria.

3. Criterios de desempate en ausencia de regla propia

Cuando el pliego no establece un criterio de desempate, la Ley indica cuál debe aplicarse. La respuesta correcta es que el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla tiene prioridad. Este criterio refleja el compromiso del sector público con la inclusión laboral y la responsabilidad social.

• Si dos ofertas resultan empatadas en la puntuación total, se favorece al licitador que demuestre una mayor integración de personas con discapacidad.
• Este criterio se aplica antes que otros posibles desempates, como el precio más bajo o la experiencia.

Es importante que los licitadores conozcan este detalle, ya que puede influir en la estrategia de presentación de sus propuestas.

4. Ofertas anormalmente bajas: justificación requerida

Una oferta se considera anormalmente baja cuando el precio es significativamente inferior al de los demás licitadores y a los precios de mercado. La Ley exige que el licitador presente un desglose detallado de costes, ahorro y cumplimiento de obligaciones medioambientales. Este documento debe incluir:

• Costes directos e indirectos del proyecto.
• Justificación de los ahorros obtenidos, por ejemplo, mediante economías de escala o innovaciones tecnológicas.
• Compromisos medioambientales que puedan reducir costes operativos (uso de energía renovable, gestión de residuos, etc.).

Sin esta documentación, el órgano de contratación puede rechazar la oferta por sospecha de precios predatorios o de incumplimiento de requisitos técnicos.

5. Evaluación de criterios sujetos a juicio de valor

En la fase de adjudicación, algunos criterios requieren una valoración cualitativa (por ejemplo, calidad técnica, innovación o sostenibilidad). Cuando la ponderación de estos criterios supera a la de los criterios automáticos (como el precio), la evaluación debe ser realizada por un comité de expertos con al menos tres miembros cualificados. Este comité garantiza:

• Objetividad y transparencia en la valoración subjetiva.
• Que los expertos posean la experiencia necesaria para valorar aspectos técnicos y medioambientales.
• Que la decisión final sea defendible ante posibles recursos.

El órgano de contratación no puede delegar esta tarea a una sola persona ni a una mesa sin la participación de expertos externos.

6. Publicación del anuncio de licitación bajo regulación armonizada

Cuando el contrato está sujeto a regulación armonizada (es decir, supera los umbrales europeos), la Ley establece una regla clara de difusión. La respuesta correcta es que el anuncio debe publicarse en el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE. Esta triple publicación asegura:

• Visibilidad a nivel nacional (BOE) y europeo (DOUE).
• Acceso a todos los potenciales licitadores, cumpliendo con los principios de libre competencia y no discriminación.
• Transparencia del proceso, facilitando la vigilancia por parte de los órganos de control y de la ciudadanía.

La omisión de cualquiera de estos medios puede invalidar el procedimiento y dar lugar a recursos.

7. Plazo de información adicional en contratos SARA durante tramitación urgente

Los contratos SARA (Servicios, Obras y Suministros de la Administración) tienen plazos específicos para la entrega de información adicional a los licitadores. En la tramitación urgente, la Ley permite una reducción del plazo: se reduce de seis a cuatro días antes del fin del plazo de ofertas. Esta medida:

• Facilita una respuesta más rápida por parte de los licitadores.
• Mantiene la posibilidad de aclarar dudas sin comprometer la urgencia del proceso.
• Debe quedar reflejada en el pliego para que los licitadores conozcan el calendario exacto.

Es fundamental que el órgano de contratación comunique este cambio de forma clara y documentada.

8. Contenido obligatorio del expediente de contratación (artículo 116)

El artículo 116 establece los documentos que deben integrar el expediente de contratación. La respuesta correcta es que el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) es obligatorio. El PCAP contiene:

• Los requisitos específicos que deben cumplir los licitadores.
• Los criterios de adjudicación y sus ponderaciones.
• Las condiciones contractuales, plazos y garantías.

Sin el PCAP, el expediente está incompleto y el proceso puede ser anulado por falta de transparencia. Otros documentos, como estudios de impacto ambiental o certificaciones ISO, pueden ser requeridos según la naturaleza del contrato, pero no son obligatorios en todos los casos.

Conclusión y recomendaciones para el examen

Dominar los artículos clave de la Ley 9/2017 es esencial para cualquier estudiante de derecho administrativo. A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas para afrontar preguntas de tipo test:

• Identifica la palabra clave de cada pregunta (urgencia, emergencia, desempate, etc.) y relaciona el artículo correspondiente.
• Recuerda que los plazos reducidos son una característica de la urgencia, mientras que la omisión de crédito previo es típica de la emergencia.
• Los criterios de desempate favorecen la inclusión social (discapacidad) antes que el precio.
• Para ofertas anormalmente bajas, siempre se requiere un desglose detallado que justifique la competitividad.
• Los criterios subjetivos deben ser evaluados por un comité de expertos con al menos tres miembros.
• La publicación en BOE y DOUE es obligatoria cuando el contrato está bajo regulación armonizada.
• En tramitaciones urgentes, el plazo de información adicional en contratos SARA se reduce a cuatro días.
• El PCAP es el documento esencial que nunca debe faltar en el expediente.

Al estudiar estos conceptos, enfócate en la lógica subyacente de la Ley: garantizar la eficiencia sin sacrificar la transparencia y la igualdad de oportunidades. Con esta comprensión, podrás responder con seguridad a cualquier pregunta sobre la contratación pública bajo la Ley 9/2017.